Organizaciones sociales condenaron este lunes en Guatemala la represión contra estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) durante protestas ante la actual istración universitaria.

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A través de un video compartido en redes sociales, la Asamblea de Organizaciones Sociales guatemalteca manifestó su rechazo resaltando que “sin estudiantes no hay USAC». Este hecho ocurrió tras la expulsión de varios estudiantes. En tanto, sectores sociales se solidarizaron y se unieron a las críticas debido a la violencia institucional.

A propósito, la conferencia de prensa de este lunes sirvió como plataforma para denunciar el «autoritarismo» dentro de la universidad, argumentando al mismo tiempo que estas medidas disciplinarias representan una violación a los derechos de los estudiantes y un intento de silenciar la disidencia.

Ante ello, las organizaciones sociales no solo condenaron las acciones del Consejo Superior Universitario (CSU), sino que también exigieron la intervención del Gobierno para abordar la crisis en la USAC.

En ese sentido, la Asamblea consideró que el Gobierno debe jugar un rol activo en garantizar que los derechos de los estudiantes sean respetados y que la universidad funcione dentro de un marco democrático.

El origen de los reclamos

El origen de la crisis en la USAC sucede tras la elección del rector Walter Mazariegos en 2022, un proceso que fue denunciado como fraudulento por un sector de la comunidad universitaria, reportan medios locales.

Las protestas comenzaron tras la acusación de que el CSU manipuló la elección, lo que llevó a estudiantes y docentes a tomar las instalaciones de la universidad en rechazo a la falta de transparencia, acciones que fueron vistas como una defensa de la universidad pública y un llamado a la legitimidad en la gestión universitaria.

Lo anterior dio paso entonces a que se comenzara un ciclo de confrontación entre los estudiantes y las autoridades.

Los estudiantes exigían no solo la anulación de la elección, sino también medidas para garantizar la autonomía universitaria y la protección de los derechos de la comunidad académica.

En tanto, el CSU decidió expulsar a diez estudiantes involucrados en las protestas de 2022, una medida catalogada como un supuesto «escarmiento» contra la organización estudiantil.

Esta decisión fue tomada como respuesta a las acciones de los estudiantes durante la toma de las instalaciones, considerándolas violaciones de las normas universitarias.

Sin embargo, las organizaciones sociales han argumentado que esta expulsión representa una criminalización de la protesta y un ataque a los derechos fundamentales.

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